Un año despu
és del atentado contra Charlie Hebdo, y con los ataques del 13 de noviembre en los que murieron 130 personas, Francia sigue inquieta. El estado de excepción, por el cual las autoridades pueden actuar de forma más expedita contra posibles amenazas terroristas, se prolongó este miércoles por otros tres meses debido a las amenazas activas del grupo yihadista Estado Islámico.
Con la renuncia de la ministra de justicia, Christiane Taubira, que se oponía a la ampliación, es cada vez más posible que esta medida se constitucionalice y que se modifique el derecho penal en el país.
Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia (AIF), habló con EL TIEMPO sobre la prolongación de las polémicas medidas.
¿Está más cerca ahora de constitucionalizarse el estado de emergencia con la decisión del Consejo de Estado de no suspenderlo?
Si se prolonga es porque hay dos riesgos muy grandes: que se constitucionalice y que haya una modificación del derecho penal, dándole más poderes a la policía, sobre todo con el uso de las armas de fuego, y dándole libertad a la autoridad administrativa para poder seguir tomando medidas sobre la base actual (de la ley de inteligencia). Ese proyecto va a ser presentado al consejo de ministros el 4 de febrero.
¿Con la renuncia de la ministra Taubira será más fácil para el gobierno constitucionalizar el estado de emergencia y modificar el derecho penal?
Ella estaba muy comprometida con el tema de los derechos humanos, lo que permitía, al menos, generar un debate al seno del gobierno, pero no se puede anticipar lo que sucederá.
Lo que se sabe es que el nuevo ministro de justicia (Jean-Jacques Urvoas) es también el ponente del proyecto de ley del 2015 sobre la vigilancia masiva, y se sabe que está muy alineado con la estrategia del gobierno y del primer ministro, Manuel Valls.
¿Qué tipo de violaciones a los DD. HH. se han realizado por parte del Estado, como consecuencia de los atentados de ‘Charlie Hebdo’ y del 13 de noviembre?
Hubo bastantes abusos desde el principio con la utilización del término ‘apología al terrorismo’ para las declaraciones que hicieron algunas personas en su trabajo o en la calle. Eso era más bien libertad de expresión y no correspondía a llamados al odio o a la violencia.
Después, con la ley de inteligencia, se autorizó la vigilancia masiva, que está prohibida por el derecho internacional porque no se puede vigilar a toda una población, inclusive cuando se tiene un motivo. Aun así, esto no ha ayudado en nada a combatir el terrorismo. Si mira las cifras de búsquedas sin autorización judicial entre el 13 de noviembre y el 22 de diciembre del 2015, se ve que de las 2.764 que se realizaron, que de por sí ya son excesivas, solo dos investigaciones preliminares han llegado a la sección antiterrorista.
¿Qué otra solución habría para que se respeten las libertades, pero también se restablezca la seguridad en Francia?
Por supuesto que en la situación de los ataques del 13 de noviembre, y en los días siguientes, fue totalmente justificado el estado de emergencia. Lo que cuestionamos es que se haga sin control judicial. Los jueces mismos dicen que ellos pueden decidir muy rápidamente si hay elementos suficientes para llevar a cabo esos procedimientos.
Además, esta medida se debe limitar en el tiempo y no se puede constitucionalizar.
¿Cuál es la posición de la sociedad civil al respecto?
Gran parte se movilizó en contra de esto en la primera parte del 2015, pero con los ataques del 13 de noviembre el discurso de los políticos se volvió de guerra contra el terrorismo, de guerra contra el grupo Estado Islámico. Con esto, empezamos a pensar que, por la seguridad, se justifica que se disminuyan los derechos, cuando antes exigíamos los dos.